El abogado, director de la ONG Proiuris y profesor de Universidad Católica Andrés Bello, Nizar El Fakih, manifestó que aquellos casos en los cuales los tribunales desconocen la autoridad de la Fiscalía, el Ministerio Público tiene que ejercer las acciones legales respectivas, debido a que existen unas responsabilidades de parte de los funcionarios que están ignorando su autoridad.
Durante una entrevista realizada por Unión Radio, aseveró que el número de detenciones de civiles en tribunales militares ha ido incrementando, “nosotros que estamos monitoreando el tema nacional y haciendo los balances metódicos, hasta el día de hoy tenemos contabilizados a nivel nacional más de 2.000 detenciones“, de acuerdo a toda la data que aportan los abogados en el país y las distintas ONG.
Si se compara con el año 2014, se obtiene que de febrero a diciembre se calcularon 4.300 detenciones aproximadamente, “estamos hablando que aquí en 40 días, tenemos casi el 70 % de las detenciones que se dieron en ese año“. Estadísticamente, se están deteniendo 50 personas por día, cinco veces más de los aprehendidos que se dieron en el 2014, que fue considerado un año que batió record.
El Fahir calificó estos actos como “masivos, ilegales y arbitrarios, porque se practican simple y llanamente, en la mayoría de los casos, a quienes están manifestando”. Sin embargo, existen casos individuales, aislados, particulares, en los que hay otros elementos que deben ser revisados.
Además, indicó que los efectivos de seguridad del Estado presentan a los jóvenes en los tribunales de control penal y no cuentan con elementos ni pruebas que los incriminen en algún delito. “En muchos de esos casos, la Fiscalía General de la República, a través de sus fiscales, ha solicitado libertades plenas o condicionales y los tribunales desobedecen las órdenes e imputados delitos unilateralmente“, señaló El Fakih.
Se han registrado más de 500 casos en los que los tribunales han dejado aprehendidas a las personas sin que la Fiscalía lo haya solicitado. Desde hace varias semanas se vienen trasladando los casos a la jurisdicción penal militar “en donde los fiscales del Ministerio Público no estorban, porque allí existe una Fiscalía militar y, por tanto, existe un control férreo del Gobierno, que al final del día hacen las imputaciones que el Gobierno desea que se hagan“, destacó.
Al menos en 39 de los casos de asesinatos producidos en manifestaciones, la Fiscalía ha comisionado a un fiscal del Ministerio Público para que investigue, dando paso al comienzo de las investigaciones, en las que muchas de ellas han avanzado a fase de imputación o de captura de los responsables.
El docente aseguró que es muy importante que la Fiscalía esté tomando esas medidas, para que los funcionarios actuantes y las personas responsables no continúen incurriendo en estas “graves violaciones de derechos humanos”.
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— CaraotaDigital (@CaraotaDigital) 16 de mayo de 2017
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