El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), estaría ejecutando el plan piloto para un estudio de medición -solicitado por sectores del oficialismo- con el propósito de evaluar la percepción del venezolano sobre el proceso constituyente, sobre el chavismo e incluso sus preferencias en cuanto a los líderes políticos del momento. El pago de la investigación correrá por cuenta del Estado, violando así las leyes que preservan la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Por: Fiorella Perfetto y Víctor De Abreu
El sondeo, que es de carácter nacional y cuya parte interesada es el partido de Gobierno, fue solicitado por el Ministerio del Poder Popular de Planificación, organismo que deberá justificar en sus estados financieros este desembolso. “Cada oficina del INE capacitará, buscará la sede en la cual laborarán los técnicos y suministrará la cartografía para este estudio, bajo la coordinación de una persona que será la responsable de todo el proceso”, comenta una fuente confidencial al equipo de Caraota Investiga. “Durante la operación no pueden identificarse como personal del INE”, completó.
El estudio tiene al estado Vargas como locación para la prueba piloto. “Hay un transcriptor y una coordinadora, le buscaron un espacio en una universidad para operar, es responsabilidad del gerente de Vargas pero es confidencial y nadie en la oficina sabe de ellos”. La operación se ejecuta en el aula 57 de la Universidad Marítima del Caribe.
A pesar de que no se tiene un estimado del tamaño de la muestra, según firmas encuestadoras consultadas por este medio el costo promedio de una entrevista ronda los Bs 12.000 -algunos lo estiman entre tres y seis dólares cuando se trata de un trabajo de mediano alcance-. Sin embargo, la cifra podría ser superior en este caso por tratarse de un estudio mucho más específico.
Las razones por las cuales el Gobierno ejecuta este sondeo, echando manos de los recursos del Estado, están a la vista. “Es cuestión de capacidad instalada. Nadie tiene la posibilidad de levantar un estudio por municipio a nivel nacional y responder en un tiempo prudente. Además, los interesados quieren mantener los resultados fuera del alcance del escrutinio público”, comenta la fuente.
Caraota Digital decidió visitar la entidad. No pasó mucho tiempo antes de observar a un grupo de personas uniformadas con chalecos y carpetas en las manos. Fue así como este medio obtuvo de primera mano la información que le interesa conocer al partido de Gobierno: la opinión que los ciudadanos tienen del chavismo, de los líderes políticos y, por supuesto, “evaluar la pertinencia” de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, además de medir el impacto que esta podría tener en el seno de las clases populares.
Documentos a los que tuvo acceso Caraota Investiga muestran el proceso de selección llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para contratar encuestadores. La primera etapa del plan piloto culminó el pasado lunes 29 de mayo, luego se iniciará una nueva etapa que consta de tres estudios y se extenderá por seis semanas. Todas con el mismo fin: valorar el impacto que tendrá la Constituyente entre los más pobres.
Al igual que el presupuesto anual del INE, los gastos de esta gigantesca encuesta serán cubiertos por el Ministerio de Planificación, sin licitación previa y sin que ello implique un encendido de alarmas dentro de la Contraloría General de la República, pese a que los gastos millonarios relacionados con el diseño, la cartografía y la capacitación de los encuestadores correrán por cuenta de la cartera ministerial.
Este medio contactó al INE para conocer la versión oficial sobre esta actividad, pero el organismo que rige las estadísticas nacionales negó que se encontrara realizando estudios con fines políticos.
Pese a la negativa, Caraota Investiga tuvo acceso a la planilla utilizada por los encuestadores, que puede leerse completa más abajo, donde resaltan las siguientes preguntas:
Esta suerte de organización paralela secreta que gravita a nivel nacional para realizar un estudio con fines políticos -y que nada tiene que ver con el sistema estadístico nacional – es visto por los expertos en materia de derecho administrativo y contraloría social como una grave violación a los articulados que rigen el manejo de los dineros del Estado.
¿Que se viola en este caso? hablan los expertos
El uso de recursos del Estado para la realización de estudios políticos y sociales es calificado por expertos en el tema como un hecho de corrupción y una flagrante violación a los artículos 141 y 143 de la Constitución, relacionados con la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
“Todo uso de recursos públicos con fines partidistas es corrupción, independientemente de si se trata de una encuesta o no”, advierte el abogado y profesor universitario José Ignacio Hernández.
Artículo 143 Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto. No se permitirá censura alguna a los funcionarios públicos o funcionarias públicas que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad.
De acuerdo con el artículo 143 de nuestra Carta Magna, laejecución de este tipo de encuestas viola también el principio de transparencia consagrado en la Constitución, al no notificarle a la población sobre el destino de recursos para este tipo de encuestas ni la pertinencia de esta iniciativa.
“Lo segundo que habría que analizar es que, de cara a la Contraloría General de la República, todo gasto sea proporcional, que no tengas un gasto exagerado para algo como una encuesta. Además, en una situación económica como esta, que el Gobierno habla de emergencia, no es lógico que se hagan ese tipo de estudios con fines partidistas”, agrega Hernández.
Para los especialistas, la falta de transparencia y el uso de recursos públicos con fines partidistas viene acompañado de la complicidad absoluta de los organismos contralores, quienes en lugar de poner límites a la malversación de fondos permiten que los organismos del Estado utilicen recursos de los venezolanos con fines político-partidistas.
“El problema aquí de fondo es que el Estado ha sido tan laxo, tan débil, tan sugestivo y tan cómplice que la Contraloría, el CNE y la Fiscalía no han puesto límites al Estado; especialmente el Gobierno, que abusa permanentemente y se pasa los límites sin pudor, excusándose en conceptos que están absolutamente fuera de lugar y del marco legal”, advierte la directora de la organización Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas.
Otra irregularidad percibida por De Freitas es que estas iniciativas debieron ser aprobadas en el presupuesto de la Nación, donde tuvo que haberse detallado la procedencia del dinero, el organismo encargado de ejecutar la encuesta y los resultados esperados.
“Ese dinero no es del Presidente ni del Vicepresidente. Para contratar cualquier cosa se requiere un concurso, un llamado a licitación o en dado caso un informe. Hacer pública esa contratación: cuánto se va a pagar, cuál es el producto a recibir, porque ese es dinero público y se debe explicar por qué se decidió ese gasto público”, detalla De Freitas.
En medio de la peor crisis económica de la historia de Venezuela, con una contracción de casi 17% del PIB en 2016 y miles de personas comiendo de la basura, el Ejecutivo calma su hambre de gobernabilidad gastando miles de millones de bolívares en encuestas, sin importar si ello implica incurrir en malversación de fondos o transgredir el principio de transparencia en los recursos del Estado, consagrado en la Constitución.
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