El Gobierno boliviano destituyó este jueves al presidente de la petrolera estatal YPFB, Guillermo Achá, en medio de reclamos de la oposición de que se investigue al ahora exfuncionario por su supuesta implicación en un caso de corrupción en la empresa.
El presidente del país, Evo Morales, designó en lugar de Achá al ingeniero químico Oscar Barriga Arteaga, quien hasta el momento se desempeñó como viceministro de Industrialización.
Barriga, que juró hoy el cargo ante el mandatario en La Paz, es el octavo presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) desde que Morales asumió el poder en 2006.
Con el cambio, Morales indicó que se busca “acelerar la inversión” en el sector de hidrocarburos, pero además encargó al nuevo ejecutivo de YPFB que realice “inmediatamente una revisión detallada de todos los procesos de contratación” en la petrolera, con el acompañamiento del Ministerio de Hidrocarburos.
La gestión de Achá ha estado en la mira a raíz de unas denuncias por supuestas irregularidades en el proceso para comprar tres taladros a la firma italiana Drillmec.
Las primeras denuncias contra el ahora expresidente de YPFB fueron realizadas en diciembre pasado por el senador Oscar Ortiz, de la opositora Unidad Demócrata (UD).
Una investigación presentada en marzo por la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos detectó que hubo una “incorrecta adjudicación” en el contrato para la adquisición de los equipos de perforación.
En abril, Ortiz y el Ministerio de Justicia denunciaron por separado el caso ante la Fiscalía, si bien la querella del Gobierno no incluyó a Achá entre los funcionarios que pidió que sean investigados, lo que fue criticado por la oposición.
Achá, que asumió la presidencia de la firma en enero de 2015, ha rechazado siempre tener algo que ver con las supuestas irregularidades.
Dentro de las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público hasta el momento, han sido encarcelados seis funcionarios de YPFB y la gerente legal de YPFB Andina, una subsidiaria de la petrolera participada por el Estado boliviano y la española Repsol.
Los empleados de YPFB encarcelados, que son sobre todo del comité de calificación de la licitación, están acusados de haber “beneficiado” a la italiana Drillmec con la compra de tres taladros de perforación por 148,8 millones de dólares.
YPFB es la empresa más grande del Estado boliviano y está a cargo de la dirección total del sector tras la nacionalización decretada por Morales en mayo de 2006.
Morales defendió hoy a algunos expresidentes de YPFB que, según dijo, fueron falsamente acusados de corrupción por la “derecha” para “desgastar” a la “empresa más grande de los bolivianos”.
También cargó contra “algunos medios de comunicación” a los que acusó de “hacer creer al pueblo boliviano que hay corrupción” en YPFB para que se cambie a sus autoridades.
En el caso de Drillmec, sostuvo que se detectó a tiempo que “los procesos estaban mal” y se anuló el contrato con la italiana, por lo que “no hay una pérdida económica en la compra de taladros”.
El mandatario admitió que “alguna gente” involucrada en el proceso “estaba con rumbo a la corrupción”, pero manifestó que esas personas se deben defender ante la Justicia.
El senador Ortiz consideró que la destitución de Achá “es un cambio tardío pero imprescindible porque ya era insostenible seguir protegiendo” a una persona que probablemente es “el principal responsable de las irregularidades en el caso de los taladros”.
Ortiz exigió a la Fiscalía que incluya al expresidente de la petrolera en su investigación y reclamó a Morales una “cirugía mayor” para YPFB que incluya la institucionalización de cargos en la empresa y una auditoría a todas las contrataciones grandes realizadas durante la gestión de Achá.
También demandó cumplir con lo señalado en la Constitución para la designación del titular de la petrolera.
Con información de EFE
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