La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, rechazó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) haya admitido iniciar un antejuicio de mérito en su contra y catalogó la decisión de inconstitucional. “Está desmantelado el Estado de Derecho, estamos en un Estado de terror”, dijo.
“En medio del turbulento clima que envuelve a Venezuela, de la crisis social, política, económica y luego de más de 70 días de protestas, se produce una nueva decisión del Tribunal que es inconstitucional”, expresó la fiscal, quien además recordó que la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente hecha por Maduro es violatoria de la Carta Magna.
En entrevista radial con el periodista Nelson Bocarada, a través del Circuito Éxitos FM, la funcionaria denunció que el máximo Tribunal del país no le permitió tener acceso a una copia certificada de la solicitud que hizo el diputado Pedro Carreño al TSJ para que se declarara si había mérito para iniciar el antejuicio en su contra.
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“Se me ha negado el acceso a todo lo que cursa ahí, no hay transparencia”, indicó, al tiempo que le pidió al país que esté alerta ante las posibles acciones del TSJ, porque a su juicio las decisiones que tome ese órgano puede significar la “perdida del Estado de derecho”.
Además, recordó que el proceso de selección de los aspirantes a magistrados del TSJ fue irregular y que muchos de los que ocupan el cargo no son aptos. “Algunos magistrados tienen una parcialidad sospechosa, no hay transparencia”, sostuvo.
A su juicio, las decisiones que ha tomado el TSJ constituyen “el deterioro del Poder Judicial, es la descomposición de la justicia, el pueblo reclama justicia y no hay justicia. Hay una justicia para aquellos casos que constituyen una amenaza para el oficialismo”.
Rechazó que este poder este actuando como defensor del Gobierno de Maduro, por lo cual afirmó que “las instituciones no pueden ser para amenazar a los ciudadanos, las instituciones tienen que ser y los funcionarios públicos deben dar garantía de justicia”.
Ortega Díaz indicó que durante los más de 80 días de protestas antigubernamentales la Fiscalía ha contabilizado 74 personas fallecidas, 1413 lesionados, de los cuales 1135 son civiles; y 3971 ciudadanos han sido procesados.
Calificó éstas cifras de “espeluznantes” y aseguró que el Gobierno de Nicolás Maduro ha violado y cercenado los derechos humanos de los venezolanos al no permitirles marchar pacíficamente hasta los puntos que han dispuesto.
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— CaraotaDigital (@CaraotaDigital) 20 de junio de 2017
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