Desde agosto de 2016, 59 personas de nacionalidad colombiana se encuentran detenidas por parte de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en un galpón que funciona como cárcel improvisada, sin una acusación formal por parte del Ministerio Público en su contra y a pesar de contar recientemente con una orden de libertad emitida por un tribunal competente, según denuncias públicas de familiares y su abogado.
Los funcionarios encargados de la custodia de este grupo de personas aducen supuestas órdenes superiores del más alto nivel para impedir las liberaciones, afirma Amnistía Internacional en un comunicado.
Esta detención masiva se habría llevado a cabo en medio de un operativo de seguridad y en un contexto en el cual altas autoridades venezolanas manifestaron en cadena nacional haber desmantelado un supuesto campamento de paramilitares que se encontraba en Caracas.
“El ejecutivo de ningún país puede pasar por encima del sistema de justicia y acusar a un grupo de personas por el simple hecho de ser extranjeras de estar cometiendo un delito o de estar por cometerlo” manifestó Marcos Gómez, director de Amnistía Internacional Venezuela. “Los más altos voceros gubernamentales de Venezuela deben abstenerse de hacer acusaciones que no competan más que al Ministerio Público”, agregó.
“Es inaceptable que los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley se excusen en supuestas órdenes superiores para ignorar a los tribunales competentes como estamos viendo una y otra vez que está sucediendo en Venezuela”, sostiene.
“Las autoridades colombianas deben velar por el bienestar de sus nacionales fuera de su territorio y exigir que se esclarezca esta situación que nunca debió ocurrir”, finalizó el texto.
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— CaraotaDigital (@CaraotaDigital) 24 de noviembre de 2017
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