Varios centenares de manifestantes independentistas lograron llegar hasta la fachada del parlamento catalán este martes, luego de desbordar el cordón policial y superar por la fuerza varias puertas cerradas del parque en el que se enclava la Cámara de la Generalitat.
Los catalanes protestaron por el aplazamiento del pleno previsto para este martes en el que debía debatirse la investidura del nuevo presidente de la comunidad autónoma de Cataluña, cargo al que aspira Carles Puigdemont, a quien la Justicia española investiga por presuntos delitos de rebelión y sedición.
La Asamblea Nacional Catalana (ANC), una de las organizaciones convocantes, canceló poco después la movilización y recordó que “el movimiento por la independencia es siempre no violento”, después de que se registraran algunos intentos de forcejeo entre los asistentes y la policía autonómica catalana (Mossos D'Esquadra), reseñó la agencia de noticias EFE.
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No obstante, entre los convocantes también había otros colectivos soberanistas, como los Comités de Defensa de la República, bajo influencia de la formación secesionista radical CUP, que mantuvieron la concentración.
A su salida del Parlamento catalán, diputados de partidos no independentistas fueron abucheados e insultados por parte de los grupos que permanecían en los alrededores.
La Cámara regional cuenta con un perímetro de seguridad, con vallas y presencia de la policía regional, ante los que se concentraron los manifestantes, que llevaban pancartas en favor de Puigdemont y banderas independentistas.
El edificio está en un parque de Barcelona cuyas entradas habían sido cerradas desde horas antes por las autoridades para evitar posibles incidentes.
El pleno que debía debatir la investidura de Puigdemont como presidente regional de Cataluña fue pospuesto por el presidente del “Parlament”, Roger Torrent (ERC, republicanos independentistas de izquierda), a la espera de que el TC resuelva las diferentes alegaciones presentadas por las partes a su decisión cautelar adoptada el pasado sábado.
Esa medida impide la investidura del dirigente independentista si no se realiza de manera presencial.
Puigdemont, quien hace tres meses huyó a Bruselas para eludir la acción de la Justicia española, pretendía que se llevara a cabo a distancia.
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