El Estado venezolano enfrentó su primer revés, ante un juicio que se le sigue en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el despido de tres funcionarias que firmaron para activar el referéndum revocatorio en 2004.
La audiencia pública de la CIDH será el próximo martes 14 de febrero.
El pasado 9 de enero, el Estado presentó ante la Corte una solicitud para recusar a los peritos propuestos por este caso, “por haberse pronunciado en reiteradas oportunidades contra el Estado venezolano en materia de derechos humanos” o haber escrito un libro sobre la lista Tascón, entre otros argumentos, que fueron acompañados además con capturas de pantalla de mensajes de las cuentas de Twitter de los expertos, las cuales, a juicio del Estado, constituyen evidencia de “falta de imparcialidad”.
Al respecto, Ligia Bolívar, Directora del Centro de Derechos Humanos, afirmó: “Es insólito que el Estado cuestione a un perito por sus opiniones políticas, en un caso que se trata, precisamente, de discriminación por opinión política”.
En la noche del 7 de febrero, se pudo conocer una resolución de la Corte Interamericana que declaró “improcedente la impugnación interpuesta por el Estado”, por lo que éste pierde su primer alegato, aún antes del inicio de la fase oral en este caso.
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