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ONG solicitarán a entes internacionales verificar estado de presos políticos de Venezuela

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Representantes de 32 organizaciones no gubernamentales presentaron un documento en el que solicitan el acceso de representantes internacionales al país como forma de presión al Gobierno nacional para garantizar la integridad física y los derechos humanos de los presos políticos.

La portavoz de Expresión Libre, Silvia Alegret, señaló que la subordinación del Ministerio Público a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) garantiza la impunidad de los delitos a los derechos humanos que se han cometido en el país, asegurando que estos se cometieron por razones políticas.

Entre los casos de los detenidos resaltó el del periodista Carlos Julio Rojas, quien fue arrestado el pasado mes de julio por informar sobre el desabastecimiento en el país. Detalló que en Venezuela actualmente hay 695 presos políticos, por lo que solicitaron a los cuerpos de seguridad del Estado cumplir con las condiciones de reclusión.

Asimismo, destacó que actualmente existe una ruptura del orden Constitucional que se evidencia en los casos de los tres alcaldes en clandestinidad y otros seis detenidos; la situación de la fiscal general y su esposo, además de la persecución y el hostigamiento por participar en las protestas.

Quintín Rodríguez, de Provea, aseveró que la gestión del presidente Nicolás Maduro en tres años ha superado la cantidad de personas fallecidas durante la gestión de Hugo Chávez en el marco de protestas.

Reiteró que acudirán a distintas instancias de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para “reivindicar el papel que han jugado los mecanismos universales en cuanto a la protección de los derechos humanos en otras etapas históricas de America Latina”.

El presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Tinedo Guía, rechazó la propuesta de la ANC de regular el uso de la redes sociales porque con ello se pretende anular la libertad de expresión, el derecho a la opinión y el derecho a la información.

Esta administración que tiene el país en este momento lo que ha hecho es prohibir que se entere el ciudadano de lo que es noticia y de lo que está pasando en Venezuela. Afortunadamente las nuevas tecnologías han permitido que los infociudadanos tomen un hecho que consideren importante y lo coloquen en las redes sociales, por eso la Constituyente (…) está tratando de crear una ley que va a cerrar la posibilidad de que cualquier persona opine”, señaló.

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